Mes: marzo 2017

El trágico episodio que vivieron los ecuatorianos tras un feriado bancario y el posterior congelamiento de los depósitos en el sistema financiero privado, vuelve a la memoria 18 años después ante la posibilidad de que uno de los responsables de la peor crisis económica, social y política de la historia nacional pueda ocupar la Presidencia de Ecuador.

El 8 de marzo de 1999, el gobierno del defenestrado Jamil Mahuad, quien llegó a Carondelet con el apoyo financiero de reconocidos banqueros, decretó un feriado bancario para evitar el retiro masivo de depósitos en medio de un clima de incertidumbre por los rumores de una inminente quiebra bancaria.

El régimen socialdemócrata, integrado en su mayoría por banqueros y empresarios, congeló 1.840 millones del sistema bancario privado; 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. A pesar de ello, el Estado tuvo que intervenir en 33 entidades financieras, entre ellas Financorp, Azuay, Finagro, Occidente, Banco del Progreso, Bancomex, Popular, Banco Unión, Banco de Crédito y Banco La Previsora.

El salvataje bancario, entre 1999 y 2000, le costó al país más de 8.072 millones de dólares, según el informe de la desaparecida Agencia de Garantías de Depósitos.

Unos meses antes, en noviembre de 1998, el mayor banco del país de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, el Filanbanco, ya tenía problemas de liquidez y solvencia, por lo que el Estado inició una operación de salvataje que le costó 540 millones de dólares.

Dos años atrás, el Banco Central del Ecuador ya había salido al rescate del Banco Continental, el quinto más grande del Ecuador, con aproximadamente 150 millones de dólares (485 mil millones de sucres). El salvataje fue aprobado por la Junta Monetaria de la cual era miembro el entonces presidente del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, actual candidato presidencial.

La configuración del salvataje desde el gobierno neoliberal de Durán Ballén
Pero las causas de la crisis financiera de 1999 se remontan a la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, en cuyo gobierno aplicó políticas de ajuste estructural, reformas a las estructuras del Estado, privatización de empresas públicas y liberalización del comercio y la banca. El Banco Central asume exclusivamente funciones monetarias y cambiarias.

Bajo una política neoliberal y con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se aplicó un programa de “estabilización” que incluía reformas legales al sector financiero y en mayo de 1994 se promulga la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras cuyos principales ideólogos fueron el vicepresidente Dahik; la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, quien ocupó a inicios del gobierno la gerencia del Banco Central y luego la presidencia de la Junta Monetaria; y el superintendente de Compañías de ese entonces, Gustavo Ortega Trujillo, quien era hermano del dueño del Banco Continental, según señala el portal Memoria de la Crisis Bancaria.

La Ley, aprobada por un Congreso liderado por el Partido Social Cristiano (PSC, actualmente aliados de Lasso), liberó las tasas de interés (con lo cual los bancos pagaban hasta 270% de interés para promover el ahorro), permitió la libre circulación de capitales y concedía más libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado e incluyó la autorización para evadir controles directos con la banca Off-shore, lo que dio paso al denominado maquillaje contable de una parte de la banca domiciliada en el país, según demostró en las auditorías realizadas.
“Históricamente, el Estado ecuatoriano ha acudido a “salvar” a la banca en momentos de crisis. No obstante las ingentes ganancias que ha reportado a los bancos la tenencia de valores del Estado, se declaran en quiebra, teniendo el Estado que asumir la responsabilidad con los acreedores”, señala el informe.

Así lo revela también un informe de la Superintendencia de Bancos que acusa a la administración del Banco Continental de haber realizado aumentos ficticios de su capital mediante triangulación o piramidación de capitales, para ocultar la verdadera situación del banco y aprovecharse de los fondos públicos otorgados por el Banco Central.

En una entrevista con la revista Vistazo, Guillermo Lasso defendió lo actuado por la Junta Bancaria y, además, aseguró que el sistema que se usó para el rescate del Continental fue aplicado en otros salvatajes. Se declaró amigo de Armijos más aún “cuando tuvimos que enfrentar el juicio con motivo de haber otorgado el crédito subordinado al Banco Continental”, afirma en la entrevista realizada por Vistazo, en diciembre de 1998 cuando ya era gobernador y compañero de gabinete de la exfuncionaria.

La expresidenta de la Junta Monetaria, estuvo prófuga de la justicia hasta mayo de 1998, fecha en que el nuevo presidente de la Corte Suprema, Héctor Romero Parducci, la declaró inocente y volvió a la palestra pública como ministra de Gobierno y luego de Finanzas del mandato de Mahuad.

El poder de la banca y el diseño de una nueva ley que viabiliza el salvataje

El presidente del Banco de Guayaquil fue nombrado superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad.Foto: Blog Nicolás Brito

En 1998, durante la administración socialdemócrata de Mahuad, se hizo evidente el poder financiero.

Banqueros como Fernando Aspiazu, quien financió la campaña presidencial con tres millones de dólares, y otros formaron parte de su gabinete. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía; Álvaro Guerrero Ferber, del banco La Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización; Fernando Guerrero Ferber, de la misma entidad financiera, estuvo al frente del Banco Central y Medardo Cevallos Balda, de Bancomex, fue embajador en México; además de Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados.

Con ese poder y con el apoyo de la famosa “aplanadora” legislativa, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, se configuró un nuevo elemento del salvataje bancario. En medio de las festividades decembrinas de 1998, se aprobó la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributario-Financiera, propuesta por los legisladores socialcristianos, con Jaime Nebot y Cinthya Viteri.

Esta ley permitía al Banco Central otorgar créditos de estabilidad y solvencia a las instituciones del sistema financiero y otros créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación.

También se creó la Agencia de Garantía de Depósitos que dio una garantía ilimitada de depósitos y permitía al Estado hacerse cargo de las deudas de la banca privada.

Para que esto sea posible, previamente aprobaron la transitoria 42 de la Constitución de 1998 que establecía: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras (…)”.

El Congreso también acogió la propuesta del diputado Jaime Nebot y ahora alcalde de Guayaquil (PSC) de eliminar el Impuesto a la Renta y sustituirlo con el del 1% a la circulación de capitales que afectaba a todos los ecuatorianos pues gravaba a todas las transacciones bancarias.

Foto: ElTelégrafo

Inmediatamente, en enero, los hermanos Roberto y William Isaías, dueños del Filanbanco y ahora prófugos en EEUU, entregaron su banco a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), pese a que un mes atrás habían recibido 424 millones de dólares por parte del BCE para cubrir su iliquidez e insolvencia.

Un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que narra un testimonio de Nicolás Landes, exaccionista del Banco Popular, quien afirma que el congelamiento tuvo como único fin el salvataje del Banco del Progreso.

Jorge Rodríguez, miembro de la CCCC, dijo en el juicio que el Decreto 685 benefició directamente a los bancos Progreso, Popular, Filanbanco y de Préstamos que sufrían problemas de solvencia. Todas esas entidades terminaron cerradas.

Tres meses después del salvataje al Filanbanco y un día después de decretar el feriado bancario, el 9 de marzo de 1999, Mahuad decretó el Estado de Emergencia y estableció como zona de seguridad a todo el territorio nacional, disponiendo “la movilización de todos los servicios públicos y las requisiciones que sean necesarias de conformidad con la Ley”.

Dos días más tarde, el 11 de marzo, el gobierno declaró el estado de movilización (congelamiento) a las instituciones financieras nacionales y privadas, sus entidades “off shore”, a las sucursales y agencias de las instituciones financieras extranjeras que operan en el Ecuador, a las compañías administradoras de fondos, las de arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles y las emisoras y administradoras de tarjetas de crédito; así como a las personas naturales o jurídicas que mantengan a la fecha deudas o créditos con ellas.

“Las criminales medidas económicas que adoptó el régimen de Mahuad, produjeron la salida de más de un millón de ecuatorianos al exterior, lo que trajo como lógica consecuencia, la destrucción del entorno familiar, por ende, el desamparo de mujeres y niños”, señaló el exembajador ecuatoriano Fernando Borja Gallegos, en su artículo titulado “Entre la tristeza y el miedo”.

La política económica de Mahuad agravó la crisis del 99

El gobierno de Jamil Mahuad, antes de su derrocamiento, decretó la dolarización en el Ecuador. Foto: AFP/Archivo

En varias oportunidades, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha insistido en señalar que la crisis económica de 1999 se debió a la política económica aplicada en favor de ciertos sectores pudientes y afectando a los más pobres con paquetazos. En cambio, ha dicho que la política económica aplicada por su gobierno, favoreciendo a los sectores más desposeídos, permitió sortear lo que ha denominado “la tormenta perfecta” que afectó al país en los últimos dos años.

Desde finales de 2014, Ecuador soportó choques externos como el desplome del precio del petroleó que bordeó los 20 dólares el barril, la apreciación del dólar su moneda nacional, la reducción de las exportaciones en un 40%, le reactivación del volcán Cotopaxi, y un terremoto de 7,8 grados de magnitud que asoló dos provincias y causó pérdidas por más de 3.300 millones de dólares. A eso se sumó el pago, por fallos de tribunales internacionales, de unos 1.100 millones de dólares a las petroleras Oxy y Chevron.

En este contexto, la economía redujo su crecimiento y cerró 2015 con un 0,3% impactada ya por los efectos externos; para 2016 se estima una contracción del 1,7% pero para 2017 el gobierno calcula recuperar la senda de crecimiento con un 1,4% del PIB.

En el año 99, el gobierno de Jamil Mahuad, en cambio, afrontó el impacto de factores externos como la crisis de la economía brasilera y rusa de esos años, la caída del precio del petróleo y un fenómeno de El Niño que destruyó carreteras y miles de hectáreas de producción en la Costa. Además, vivía un conflicto bélico con Perú.

En ese escenario, Mahuad acogió las exigencias del Fondo Monetario Internacional, devaluó el sucre (la moneda local) en 15%, incrementó la tarifa eléctrica, la gasolina subió en 71% y el gas pasó de 6.000 a 25.000 sucres el cilindro. Creció la especulación por la liberalización de las tasas de interés, se aprobó el impuesto de 1% a todas circulación de capitales en sustitución del impuesto a la renta que pagaban los más ricos. Así la economía decreció en un 7%, inflación llegó a superar el 60%, el desempleo subió al 17% y el índice de pobreza urbana trepó al 65%.

Esta situación llevó al gobierno socialdemócrata a dolarizar la economía, lo cual causó un mayor empobrecimiento de los ecuatorianos. Se fijó cada dolar en 25.000 sucre.

Datos oficiales revelan la diferencia de resultados entre una política económica y otra. Entre 1996-2006 el ingreso del 10% más rico creció el 112%, mientras que el del 10% más pobre aumentó apenas el 20%. Entre los años 2006-2016, en cambio, los ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron el 40%.