Mientras se espera una resolución de la justicia que indaga su presunta vinculación bajo los cargos de asociación ilícita en la trama de corrupción Odebrecht, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, permanece en una cárcel de Quito, donde se declara víctima de una “persecución” de grupos políticos y de “venganza” de la constructora brasileña.
Desde la pasada campaña electoral, la supuesta participación del segundo mandatario en presuntos ilícitos durante su gestión fue el tema central de todos los grupos políticos de oposición. En aquella ocasión Glas dijo “he sido víctima de la campaña más sucia de los últimos tiempos”, e insistió en que ha sido el funcionario “más auditado de la historia”.
Pese a las acusaciones, el binomio de la Revolución Ciudadana triunfó en la segunda vuelta el pasado 2 de abril y asumió el poder el 24 de mayo. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la situación se volvió tensa para el vicepresidente tras la detención, en junio pasado, de su tío Ricardo Rivera, por su presunta participación en la recepción de coimas de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse obras de infraestructura, pese a que él no ejercía ningún cargo público.
En medio del avance del proceso legal y de la tensión política, el 3 de agosto el presidente Moreno retiró las funciones encomendadas al segundo mandatario tras considerar como “ofensiva” una carta en la que le cuestionaba un supuesto pacto con sectores de oposición. Esta decisión ahondó las pugnas internas en el oficialismo, pero también debilitó políticamente a Glas.
Luego, el vicepresidente por su iniciativa pidió a su bancada legislativa que lo libere de la inmunidad parlamentaria que ostentaba por su alto cargo para someterse a la justicia ordinaria y con ello probar su inocencia ante las sospechas en su contra. La solicitud fue aceptada por unanimidad.
Al mismo tiempo, Glas recorría algunos medios de comunicación, especialmente radiales donde explicaba la falta de pruebas en su contra.
En efecto, en audiencia celebrada el pasado 29 de agosto, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado dio paso al pedido de la Fiscalía respecto a la vinculación de 11 personas, entre ellas el vicepresidente de la República, a quien se le dispuso la prohibición de salida del país, medida que fue aceptada por Glas.
“He dado la cara siempre y lo seguiré haciendo porque no tengo nada que ocultar. Los que acostumbran a huir son otros que hoy se creen jueces de la moral pública. El que nada debe nada teme”, expresó en esa oportunidad el vicepresidente.
El 2 de octubre, luego de aceptar el pedido del fiscal del Estado, Carlos Baca, sobre el posible riesgo de fuga, el juez Jurado dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el vicepresidente, quien recibió la notificación en su domicilio en Guayaquil, desde donde fue llevado a la denominada cárcel 4 en Quito.
“Más pesó el estado de opinión que la legalidad constitucional y legal, pero el ingeniero Jorge Glas no renunciará la vicepresidencia de la República, lo digo enfáticamente porque no puede ser que un golpe judicial en contra de la democracia. Él fue elegido vicepresidente por mandato popular”, indicó en esa ocasión Eduardo Franco Loor, abogado de Glas.
Desde ese entonces, la defensa del segundo mandatario ha interpuesto varios recursos legales, entre ellos el hábeas corpus, para dejar sin efecto la prisión preventiva o recusar al juez que lleva la causa; sin embargo todos los pedidos han sido rechazados por la Justicia.
El más reciente fue el 1 de noviembre cuando la Corte Nacional de Justicia negó un pedido de aclaratoria del fallo emitido el 25 de octubre por el juez Édgar Flores, quien a su vez desechó un pedido de recusación para que Miguel Jurado siga juzgando a Glas.
Este dictamen se suma a otras tres resoluciones desfavorables a la defensa de Glas que tenían como fin recuperar la libertad del segundo mandatario. Estas impugnaciones aplazaron la audiencia preparatoria de juicio que estaba prevista para el 16 de octubre, en la cual se debía resolver si al vicepresidente se le instauraba o no el proceso por asociación ilícita, diligencia que finalmente se instaló desde este 8 de noviembre.
Dictamen acusatorio
En esta audiencia, el fiscal Carlos Baca fundamentó su dictamen acusatorio contra Glas y otras doce personas, pero se abstuvo de acusar a cuatro exfuncionarios de la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos José Conceição Santos, autor confeso del delito que se investiga y delator en este caso.
Según la resolución de la Fiscalía, a Santos se lo benefició con el principio universal de derecho penal ‘Non bis in ídem’, que significa que una persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho. Santos ya ha sido condenado en Brasil por este caso.
Los fiscales Carlos Baca Mancheno (c), y Diana Salazar en la audiencia preparatoria de juicio por el caso Odebrecht.
Mientras a los otros tres funcionarios de la empresa brasileña, que es investigada en otros 11 países por su participación en casos de corrupción, no se les encontraron indicios de participación en el delito que se pesquisa y por ello la fiscalía ecuatoriano los absuelve.
Esta decisión ha causado aprobación pero también rechazo de la defensa del segundo mandatario y de juristas que señalan que en el caso de Santos no se le debía aplicar el beneficio del ‘Non bis in ídem’, pues son tiempos y circunstancias diferentes de lo que sucedió en Brasil y Ecuador.
La Fiscalía durante estos cuatro días de audiencia ha presentado elementos de convicción para llamar a juicio a los presuntos involucrados. En el caso de Glas presentó 28 indicios.
Baca advirtió, además, que de la información recabada a lo largo de la indagación por el delito de asociación ilícita se desprenden otros delitos en los que presuntamente también habría sospechas de la presunta participación del segundo mandatario.
El juez Jurado deberá al final de la audiencia preparatoria aceptar o desechar el dictamen presentado por el fiscal Baca.
Cabe indicar que la prisión preventiva caduca cuando el procesado lleva detenido más de seis meses sin sentencia condenatoria o absolutoria, según el Código Penal. En el caso del vicepresidente, esta medida fenece el 2 de abril de 2018.
Segundo intento de juicio político
Mientras tanto en el frente legislativo, 55 asambleístas, entre ellos Marcia Arregui, de la bancada de PAIS, firmaron este 7 de noviembre un pedido para un segundo intento de juicio político al vicepresidente, auspiciado entre otras por las bancadas de CREO y del socialcristianismo.
Roberto Gómez, de CREO, indicó que con este juicio buscan la destitución del vicepresidente, Mientras Henry Cucalón, del PSC, exigió que el Consejo de Administración Legislativa dé paso a esta interpelación.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y líder del socialcristianismo, en un reciente enlace radial sentenció: “El vicepresidente tiene que ser reemplazado”.
Le corresponde ahora al Consejo de Administración Legislativa (CAL) pedir un dictamen a la Corte Constitucional, requisito previo para que el pedido pase a la Comisión de Fiscalización y finalmente al pleno legislativo, en donde si cuentan con mayoría de votos se puede censurar al segundo mandatario.
Mientras las bancadas que se autodenominan de oposición reunían las firmas para el juicio político, al mismo tiempo y de manera reservada se reunía la bancada de AP, que analizaba la coyuntura política. Esto ocurría pocos días después de que una facción de ese movimiento resolvió expulsar de la presidencia de la organización a Moreno y designar en su reemplazo al excanciller Ricardo Patiño.
En medio de la marcada fractura del movimiento, un grupo de mayoría de la bancada oficialista redactó un manifiesto en el que se resolvió apoyar la gestión de Moreno y su llamado a consulta popular y dejó pendiente una definición sobre la situación de Glas, aunque se indicó que ese tema también estaba en el orden de discusión.
Por otro lado, el CAL tiene en sus manos otra acción relacionada con Glas. Se trata de la notificación de la Contraloría General del Estado sobre la destitución del vicepresidente por su participación en la adjudicación del contrato de explotación petroleras del bloque Singue en la Amazonía cuando se desempeñó como ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, en 2012.
El CAL debe resolver si remite esta notificación a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su análisis o en su defecto enviar la documentación a la Corte Constitucional para que emita un criterio sobre si procede el pedido de destitución hecho por la Contraloría.
En ese escenario, las próximas semanas serán decisivas para conocer el destino político y judicial del segundo mandatario, bajo cuya gestión se construyeron los más grandes proyectos de sectores estratégicos de las últimas décadas en Ecuador, muchos de los cuales han entretado en un proceso de auditoría.
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