El amplio operativo desarrollado por la Policía Nacional que permitió la madrugada de este viernes una efectiva localización para los allanamientos y otras acciones dispuestas por la Fiscalía evidencian el compromiso del gobierno pasado y actual de luchar frontalmente contra la corrupción.
Como resultado de los seguimientos realizados por las autoridades ecuatorianas, el pasado viernes se pudo realizar con éxito allanamientos y otras acciones dispuestas por la Justicia para avanzar en las investigaciones del caso Odebrecht. El mandatario Lenín Moreno indicó este viernes que el Ejecutivo dispuso todo el contingente para apoyar las investigaciones que, de manera independiente, realiza la función Judicial dentro del caso denominado Odebrecht, que al momento ha dejado cinco personas detenidas y la retención de bienes inmuebles y otras evidencias presuntamente relacionadas con este caso.
“Creer que las detenciones y allanamientos de esta madrugada son fruto de una semana de trabajo es ingenuidad extrema”, ha escrito, por su parte, el expresidente Rafael Correa, al deplorar el discurso de sectores políticos y mediáticos de oposición en el que tratan de posicionar la idea de que los recientes allanamientos y detenciones del caso Odebrecht han sido posibles solo por el traspaso del poder.
Como antecedente vale subrayar que justamente la constructora brasileña fue expulsada del país en 2008 tras detectarse graves deficiencias técnicas en la central Hidroeléctrica San Francisco. En ese sentido, el Gobierno de Ecuador ha sido el único que ha adoptado una medida de ese carácter contra la constructora brasileña.
El gobierno actual ha tomado la posta al proceso investigativo que se ha llevado en marcha desde el inicio de las denuncias efectuadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde la empresa brasileña que es enjuiciada por corrupción trata de negociar una sentencia favorable con millonarias multas de por medio.
En ese marco, Ecuador ha sido claro en señalar que no aceptará, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción ante la justicia estadounidense.
Pese a que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia estadounidense indicaron públicamente que el listado de implicados de Odebrecht no se difundirá hasta junio, la oposición y ciertos medios privados, sobre todo en época de campaña electoral, insistió en que la Fiscalía ecuatoriana actuaba con lentitud en la investigación por una presunta vinculación de funcionarios del gobierno.
No obstante, los mismos sectores opositores han obviado mencionar que Odebrecht no tenía obras por ejecutar con el Gobierno Central y que más bien el único contrato vigente es con el Municipio de Quito, liderado por el opositor alcalde Mauricio Rodas.
La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, quien además es integrante del Frente de Lucha contra la corrupción, enfatiza en el compromiso permanente con la transparencia. “No puede persistir la Revolución Ciudadana sin revolución ética”, señaló la funcionaria, al enfatizar que esta forma de hacer política va más allá de un discurso político o una oferta de campaña.