Médicos de la casa de salud Carlos Andrade Marín, y de otros hospitales, marcharon hacia el Ministerio de Salud en protesta contra el nuevo Código Penal. Aunque el presidente de la Asociación de Médicos de Solca-Quito, César Bueno, reiteró que seguirán analizando las implicaciones de la ley. En este hospital trabajan 252 doctores, entre especialistas, generales y los residentes. Vance, en cambio, mostró su desacuerdo a la interpretación que el gremio tiene sobre el inciso tercero del art. 146, que habla de la mala práctica. Según dijo están siendo influenciados con un fin político. El plan de contingencia de traer 750 médicos extranjeros, aseguró, que espera no se concrete, tras el anuncio de la renuncia masiva de los galenos. Gloria Gilce, de 61 años, llegó a las 8:00 a Solca. La idea era que los doctores la revisen, tal como estaba programado hace una semana. Pero al arribar a los consultorios médicos se enteró de la suspensión del servicio y su cita fue reagendada para el 9 de febrero. Ella se fue sin el análisis del tumor maligno que tiene en su útero. Ninguno de los médicos que dejaron de atender quisieron dar declaraciones. En la misma ventanilla donde le cambiaron el turno a Gilce se informó que más de 50 personas reprogramaron consultas. Pero ayer no solo se dejó de atender en consulta externa. María Antonieta Borja, de 54 años, tenía programada una cirugía de tiroides, desde hace un mes. “Llegó el día, pero de pronto nos dicen para otro día”, explicó José Cabrera, su esposo. Cuando su médico tratante les manifestó que era necesaria la operación y los riesgos que esta implicaba, aceptaron firmar un documento que deslindaba de responsabilidades al doctor y al hospital ante cualquier eventualidad.