Hasta la tarde de ayer, martes 6 de mayo de 2014, el colectivo Yasunidos no conocía oficialmente el informe técnico que presentó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Solamente 359 761 firmas fueron aceptadas, 224 562 menos de las que requería para impulsar una consulta popular que evite la extracción petrolera del Yasuní. Con estos números, no solamente es inviable su pedido, sino que las supuestas inconsistencias que el CNE halló en el proceso también pudiera acarrearles problemas legales. El informe de ayer fue técnico y hoy se espera el jurídico. Con ello, el Pleno del CNE decidirá qué acciones tomar. Aunque el presidente del organismo electoral, Domingo Paredes, prefirió esperar hasta conocer los argumentos, el consejero Paúl Salazar no descartó que se pudiera acudir a la Fiscalía para que se investigue “esta burla”. El CNE hizo un recuento de cómo fueron descartándose los formularios y de las inconsistencias en firmas. Lo hizo a grandes rasgos. Solamente especificó algunos casos, como el de las firmas reiteradas de Patricia Carrión, vocera del colectivo, quien habría firmado en nueve ocasiones; en ocho de esos formularios, lo había hecho en el casillero número ocho. O que hay rúbricas en lengua extranjera. También encontró que había imitaciones y aquello que en grafología se conoce como “curiosidades gráficas”. Es decir, que una misma persona firme por ocho diferentes. Más allá de estos ejemplos, “el tema de fondo es distinguir la cuestión de forma y de contenido”, dice la exasambleísta María Paula Romo, de Ruptura de los 25. Y Alberto Acosta, luego de conocer el pronunciamiento del CNE, citó en su red social de Twitter el artículo 169 de la Constitución que señala: “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. Se trata de un principio universal del derecho que ya estaba incluido en la Constitución anterior. Pero en este organismo creen que no solamente se trata de un asunto formal o técnico, sino de un respeto a la democracia ecuatoriana y a esas firmas válidas de quienes sí creyeron que una consulta popular era necesaria en el país. Sobre los personeros de esta Función del Estado sobrevolaba el fantasma del 2012 y el escándalo de las firmas para el reconocimiento de las organizaciones políticas. Paredes no pudo evitar mencionarlo. Y por ello, dijo sentir “vergüenza” porque no solamente era una repetición “de la vieja cultura política en el país”, sino, sobre todo, “una falta de respeto al Estado, una falta de respeto a la dignidad del CNE”.