El tema de las competencias de tránsito enfrenta al gobierno del presidente Rafael Correa y al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. De por medio hay advertencias de cada parte.
En declaraciones recientes, el Primer Mandatario señaló que hará cumplir la Ley al Municipio. “Las competencias son exclusivas y obligatorias. No es que si yo quiero las acepto y si no quiero no las acepto (…) Tenemos todos los instrumentos para hacerle cumplir la ley y lo aplicaremos en su debido momento”, dijo. En respuesta, el Burgomaestre del Puerto Principal lanzó una respuesta tajante: “Es mejor que me ría porque donde yo me caliente y se caliente el pueblo de Guayaquil, tenga la seguridad que los que no se van a reír son ellos”. La postura del Municipio de Guayaquil El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se basa en dos aspectos para no aceptar aún la competencia de tránsito de parte del Gobierno Nacional: los fondos transferidos son inferior a los que corresponden y no está fijada la estructura tarifaria. Los USD 30 millones transferidos a través del Ministerio de Finanzas, el pasado 16 de septiembre, fueron devueltos por el Cabildo pues según sus cuentas son USD 44,2 millones los que debe recibir para asumir la competencia. Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explicó que la diferencia tiene que ver con el valor de los subsidios que venía pagando el Gobierno a los transportistas para mantener congeladas las tarifas del transporte público, esto es USD 350 por cada unidad urbana y USD 600 por cada articulado de la Metrovía. Además, la exigencia complementaria es que el régimen establezca la estructura tarifaria pues acusan al Gobierno de disfrazar un alza de pasajes para que los municipios sean señalados de realizar la misma, políticamente considerado una ‘papa caliente’. Argumento Jaime Nebot se basa en el artículo 273 de la Constitución para no recibir la competencia pues según el mismo no habrá entrega de competencias si no se asignan los suficientes fondos salvo la expresa aceptación de la entidad que asuma la competencia. “¿Nosotros hemos aceptado que nos den menos dinero del que nos corresponde? No, pues entonces, no se ha traspasado esa competencia”. La resolución 006 del Consejo Nacional de Competencia, del 26 de abril del 2012, se apunta que cuando la política tarifaria incluya subsidio, el Gobierno Central continuará aplicándolo. Según Andrés Roche, la prueba de que los subsidios a los transportistas existen y están vigentes, es su inclusión en el Presupuesto General del Estado para el presente año, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea para su trámite, el 9 de diciembre del 2013 “por lo que es falso que los subsidios se hayan pagado hasta el año pasado”. En la página 149 de la edición especial número 76 del Registro Oficial del año 2013, bajo el título “Subsidios del Estado 2014”, se establece el subsidio al transporte urbano en USD 48,8 millones. La Resolución N° 100, del 27 de agosto del 2014, de la Agencia Nacional de Tránsito, consigna la política de tránsito en materia de pasajes, en base a la suma de los costos operativos, el 15% de utilidades de los trabajadores y el 22% del impuesto a la renta, sumados los cuales se encima un 13% de utilidad mínima garantizada, “que implicaría la subida de los pasajes”. El artículo 6 de dicha resolución, según el cual el Cabildo dice que se fija una política tarifaria que ordena la subida del pasaje urbano, indica que “la determinación de la tarifa deberá ser ajustada hasta obtener una Tasa de Rentabilidad del 13%…”. Según el artículo 7, “los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que hayan asumido la competencia – la municipalidad de Guayaquil no la ha asumido- fijarán las tarifas por los servicios de transporte terrestre público intracantonal o urbano… en observancia a la metodología dispuesta en los artículos precedentes y al tenor del análisis técnico que motivaron la presente resolución…”. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 29 numeral 5, establece que es potestad de la Agencia Nacional de Tránsito realizar un estudio para la fijación de una tarifa.