El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, pidió este lunes a los países representados en la ONU en Ginebra “trabajar juntos” por la justicia fiscal, al ser estos ingresos la fuente más previsible, estable e importante de recursos con los que cuentan los Estados para financiar la protección de los derechos humanos.
Expuso la experiencia de Ecuador con la aprobación el 19 de febrero de un pacto ético que busca erradicar la práctica de los paraísos fiscales entre los funcionarios públicos y los políticos electos en las urnas, lo que consideró un ejemplo histórico en la lucha por el financiamiento para el desarrollo y en contra de la elusión y la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de activos.
“Tenemos la responsabilidad de repensar desde los derechos humanos el sistema financiero actual; no podemos permitir que las prácticas de evasión y elusión tributaria y las herramientas utilizadas para ello sigan aupando un sistema económico injusto, diseñado para enriquecer a una pequeña minoría a costa de las grandes mayorías. Es hora de poner fin a estas prácticas”, indicó.
Explicó que el 2017 empezó con la alarmante advertencia de que las ocho personas más ricas tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, según datos de la organización Oxfam, una brecha que es causada en parte por la red de paraísos fiscales a la que recuren las élites para eludir el pago de impuestos.
De ahí, apuntó, el compromiso de Ecuador desde el Grupo de los 77 más china (G77+China) para promover espacio de diálogo que permitan avanzar en la creación de un órgano intergubernamental en materia fiscal en la ONU y poner fin a esa perversa competencia fiscal hacia abajo, contraria a la garantía de los DD.HH. “Necesitamos avanzar juntos en una agenda global por la justicia fiscal”, insistió.
Reiteró el compromiso de su país con los derechos humanos y dijo que ello se evidencia en la ratificación y adhesión a todas las convenciones vigentes sobre la materia del sistema interamericano y del sistema universal.
Señaló que la coyuntura internacional presenta serios retos para la protección de los derechos humanos, tarea fundamental de este Consejo de DD.HH. de Ginebra, entre los cuales citó la protección de las personas en movilidad humana, migrantes y refugiados, quienes, sin embargo, están siendo cada vez más rechazados y estigmatizados. “Este recrudecimiento de la xenofobia e intolerancia, la mentalidad de los altos muros y no de los largos puentes, es hoy una de las mayores amenazas a la protección de los DD.HH.”, aseveró.
Se refirió a la aprobación en Ecuador, en febrero pasado, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que amplía la protección de todas las personas migrantes este país suramericano, al tiempo que permite y obliga a acompañar los procesos de defensa de los DD.HH. de sus ciudadanos en el exterior.
Por otra parte, recordó que esta nación suramericana ha sido reconocida por sus esfuerzos en este campo al ser el mayor receptor de refugiados de América Latina y el Caribe, con más de 60.000 personas en ese estatus.
Indicó que de otro lado los Estados deben generar adecuadas condiciones de desarrollo en los países de origen y citó como ejemplo “la triste experiencia ecuatoriana” de fines de los 90 del siglo pasado, cuando debido a una de las mayores crisis económicas del país por la aplicación de recetas neoliberales, con beneficios para la banca, centenares de miles compatriotas se vieron forzados a emigrar.
Por ello, dijo, luego de esa dramática experiencia, el gobierno actual optó por priorizar la inversión social sustentable que permitan una más justa y equitativa distribución de la riqueza y del poder, un enfoque le ha permitido mejorar todos los índices de desarrollo humano, e incluso ya comienzan a regresar los migrantes.
“Ecuador es uno de los líderes mundiales en reducción de pobreza y desigualdad. Esto último no es menor en el continente más desigual del planeta”, apostilló.
Por último, señaló que su país junto con Sudáfrica y otros países amigos y con el apoyo de otros que se han sumado, buscan elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en relación con los derechos humanos e invitó a los presentes a sumarse a la iniciativa, con miras a la III sesión del Grupo de Trabajo, presidido por la embajadora ecuatoriana María Fernanda Espinosa, y que sesionará en octubre próximo.
