La Constitución de 2008 cambió de manera profunda y positiva la concepción misma de la educación, pues pasó de ser un simple servicio, a constituirse en un derecho ciudadano y, por tanto, una prioridad de las políticas públicas.
Un hecho fundamental es que su definición de derecho no se limitó solo a garantizar el acceso ciudadano a un establecimiento educativo, sino que la convirtió en un elemento indispensable del buen vivir, categoría que abrió un amplio abanico de posibilidades para el accionar gubernamental.
El artículo 26 de la Carta Magna, dice: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.
Así, la educación pasó de ser un simple servicio a erigirse como un elemento básico en la planificación y el desarrollo del Estado. Es por ello, que los últimos años se dieron varias acciones concretas en favor del sector educativo, las mismas que partieron con un incremento considerable del presupuesto estatal y un nuevo modelo de planificación territorial, más cercano a la realidad de maestros, familia y estudiantes.
No se puede dejar de lado la modernización y la sistematización de los conocimientos a través del bachillerato unificado y la garantía de la gratuidad, que superó la limitación del valor de la matrícula, al proporcionar insumos como textos y uniformes que aportaron significativamente al objetivo de igualdad e inclusión social. También es ostensible la mejora de la infraestructura educativa, el reconocimiento a la calidad académica, entre otros.
Sin embargo, la aplicación efectiva de este derecho todavía debe superar varios retos. Por esto el actual Gobierno, ahora apunta a afianzar programas que mejoren la calidad educativa y hagan de este espacio un lugar de formación académica con valores.
Ahora se impulsan programas como ‘Todos los jóvenes con bachillerato’ que busca generar un interés y acceso masivo a personas que no pudieron terminar sus estudios. En el mismo orden están la campaña de alfabetización y posalfabetización que garantiza un seguimiento de los estudios y conocimientos adquiridos, y el acompañamiento pedagógico e incentivo a la lectura.
Pero los planes más ambiciosos se centran en la capacitación y mejora laboral de los docentes, el fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la promoción de acciones contra la violencia escolar, iniciativa que incluye una importante corresponsabilidad familiar.
Es indiscutible que la Constitución del 2008, que cumplió nueve años de existencia, ha sido generadora de importantes cambios educativos, pero tal vez lo más significativo, es que seguirá promoviendo los grandes cambios que están por venir.