En 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

El Congreso retomará discusiones para tramitar implementación de los acuerdos de paz

 En 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.
En 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

El Acuerdo de Paz en Colombia comenzará a implementarse desde este martes cuando la Comisión Primera de la Cámara reciba la reforma constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz. La medida afianzará las bases para juzgar los crímenes cometidos en la confrontación armada.
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército de Pueblo (FARC-EP), integrantes de la Fuerza Pública y civiles implicados en los episodios de la guerra tendrán que comparecer ante un sistema complejo que incluye la reconstrucción total de la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación a las víctimas.
Así estará compuesto el Acuerdo de Paz, contará con la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y dentro de este se implementarán las Medidas de Reparación y Garantías de No Repetición.

Comisión de la verdad
Durará tres años, lo integrarán 11 comisionados. El presidente de la comisión tendrá que ser colombiano y lo elegirán el gobierno y las FARC-EP, tendrá a su cargo la coordinación de labores de los comisionados en el marco de los reconocimientos de los delitos cometidos con ocasión al conflicto armado. En un plazo máximo de seis meses definirá lo necesario frente a las funciones que tendrá a su cargo.
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Esta unidad tiene carácter humanitario, su funcionamiento tendrá una estrecha relación con la comisión de esclarecimiento de la verdad, pretende ofrecer medidas de alivio a los familiares de personas que han sido dadas como desaparecidas en desarrollo de la confrontación armada.

Para lograr su misión se valdrá de las bases de datos oficiales, de la información que suministre el estado y las FARC-EP, además se recabaran datos elaborados para organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos y de víctimas nacionales e internacionales.