Las comercializadoras de gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico enfrentan una demanda por presunto peculado desde mediados del año pasado.
Esta acción legal fue presentada por el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), José Luis Cortázar, en junio del año pasado, luego de presentarse indicios de la presunta venta de gas subsidiado a precios internacionales. En una entrevista otorgada a este Diario hace dos semanas, el funcionario indicó que las empresas comercializadoras estaban usando el remanente de los tanques de gas doméstico subsidiado para venderlos al sector industrial a precios internacionales. De acuerdo con estudios de la Arch, de cada cilindro de 15 kilogramos de gas doméstico, queda un remanente del 3,7%. Este no puede terminar de consumirse en los hogares por lo que el producto retorna a las envasadoras de gas. Cortázar indicó que de acuerdo con el departamento de auditoría de la Arch, se detectaron fuertes indicios de que este remanente habría sido presuntamente utilizado para su comercialización en el sector industrial a precios internacionales, sin subsidio. De acuerdo con datos reportados por la entidad el año pasado, el costo real de importación del gas de uso doméstico es USD 22,27 para un tanque de 15 kilos, pero su comercialización se realiza a USD 1,60. Es decir que de cada cilindro para uso doméstico, el Estado subsidia USD 20,67. Sin embargo, para el sector industrial el costo del cilindro es igual al del precio internacional. Por ello, la venta de gas subsidiado a precios internacionales habría significado para el Estado un presunto perjuicio de varias “decenas de millones de dólares”, dijo Cortázar.