Las versiones son contradictorias. Mientras los dirigentes del pueblo de Sarayaku denuncian que aeronaves militares estarían sobrevolando su territorio,
el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró ayer que “no ha existido ninguna presencia ni tampoco sobrevuelos en la zona con helicópteros de las Fuerzas Armadas”. La polémica surgió después de que los dirigentes de ese pueblo, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, anunciaron que brindaron asilo en su territorio a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Los tres están sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa. Sin embargo, a pesar de que la ubicación de los tres sentenciados es ahora de conocimiento público, aún no han sido capturados. En Sarayaku, aseguran que la Fuerza Pública no puede ingresar a esta zona, porque se violarían sus derechos. Las casi 135 000 hectáreas pertenecientes a este pueblo les fueron otorgadas mediante títulos de propiedad en mayo de 1992, durante los últimos meses del gobierno de Rodrigo Borja. Patricia Gualinga, representante de la comunidad, asegura que hay dos antecedentes que no permiten el ingreso de militares en la zona. El primero es que en el 2002, las Fuerzas Armadas fueron declaradas institución no grata. “Hubo una reunión del gabinete provincial con todas las autoridades y se acordó que no podían ingresar a territorio Sarayaku”. Por esta razón, los militares no pudieron entrar a la comunidad durante las elecciones del 2006. El segundo antecedente, según la dirigente, es la sentencia a favor del pueblo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2012. El fallo determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por no haber realizado una consulta previa, libre e informada sobre la explotación petrolera en la zona. Y ordena reparar a la comunidad por violaciones a sus derechos. “La sentencia dice que no puede haber un hecho de repetición de militarizar o invadir con la Fuerza Pública a Sarayaku. Por esto, el Estado fue condenado”, señala Gualinga. Sin embargo, está en debate si esa sentencia -dictada en una disputa por un tema petrolero- tiene alcance para el actual caso, señala el jurista Alejandro Ponce. Él cree que el fallo de la Corte-IDH es un precedente parcial para este tema. “Lo que resolvió la Corte es que no podía haber una intervención arbitraria de las FF.AA. Bajo esta perspectiva, independientemente de la razón, los militares no deberían ingresar a Sarayaku”, asegura.