El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió este martes con autoridades de funciones del Estado para establecer la necesidad de coordinar acciones, con independencia de cada una, en la lucha contra la corrupción en su gobierno.
Esta promesa de campaña cobró preponderancia tras el allanamiento de viviendas y empresas la semana pasada y la detención de cinco ecuatorianos presuntamente vinculados con el accionar irregular de la compañía brasileña Odebrecht.
Moreno sostuvo el encuentro a puertas cerradas en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, con José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional; Thania Moreno, fiscal subrogante; Christian Cruz, presidente de la función de Transparencia y Control Social; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Paola Pabón, secretaria de Gestión de la Política; Pablo Celi, contralor subrogante, y María Isabel Betancourt, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En declaraciones a la prensa algunos directivos coincidieron en que este acercamiento fue escenario para que el Mandatario explicara los propósitos del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, instalado la víspera y al que invitó a personalidades de diversos ámbitos a nivel nacional.
La Fiscal subrogante señaló que en la reunión con el Presidente fue para recibir su apoyo en el enfrentamiento a este flagelo, “sin mencionar casos específicos y obviamente recalcando que cada uno tenemos nuestra propia competencia y, por lo tanto, independencia en nuestras funciones”.
En cuanto al caso Odebrecht señaló que “hay una prohibición expresa” de exponer detallas de la investigación en marcha. “A medida, cuando ya la ley lo permita, denlo por hecho que, como siempre, en este caso Fiscalía General del Estado va a informar mediante rueda de prensa todos los hechos que se indaguen”, acotó.
Por su parte, Jalkh dijo que recibieron una explicación sobre los contenidos, alcances y objetivos del Decreto Presidencial que crea el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que no busca interferir en la institucionalidad, respeta la absoluta independencia de funciones, “pero busca coadyuvar al trabajo de las diferentes instituciones y no reemplazarlas, por supuesto, ni entrar en el terreno de la institucionalidad”.
“La Fiscalía es el órgano que de acuerdo a la Constitución y los Códigos son los responsables de la investigación pre procesal y procesal penal, pero el trabajo coordinado entre sociedad civil y las instituciones públicas puede afianzar el trabajo de estas instituciones, transparentar aún el trabajo que debe darse”, explicó.
Aclaró que el trabajo jurisdiccional es de los jueces y fiscales, sin embargo, seguirán pendientes de garantizar de si existe alguna negligencia, el Consejo de la Judicatura pueda actuar en su competencia disciplinaria y agilizar los procesos. Precisó que se estableció una coordinación con el Ministerio del Interior para establecer un protocolo de seguridad para fiscales y jueces que toman casos complejos del crimen organizado, narcotráfico y lucha contra la corrupción.