Al menos 640 obras de infraestructura pública fueron identificadas por el gobierno ecuatoriano con problemas cuya resolución para la culminación física y cierres contractuales y legales requerirá una reforma legal aprobada por la Asamblea y unos 956 millones de dólares; así informó el secretario Nacional de Planificación, Andrés Mideros.
“Vamos a culminar con todas las obras que siendo prioritarias presentas estos problemas y vamos a hacer muchas más con la debida planificación “, afirmó Mideros en rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno y aseguró que se reactivará la construcción para generar empleo y garantizar los servicios sociales en todo el territorio nacional.
Sobre las obras paralizadas, el director del Servicio de Contratación de Obras, Jorge Wated, informó que ya se han identificado líneas de financiamiento dedicadas exclusivamente para la culminación.
Estas obras prioritarias (hospitales, centros de salud, unidades educativas, carreteras, infraestructura policial, etc.) fueron contratadas en entre el período 2009 – 2017 por un monto original de 2.138 millones de dólares y, a la fecha se han invertido 3.975 millones de dólares. La autoridad aclaró que no se trata de sobreprecios sino de incremento de presupuesto.
De acuerdo con los plazos, los proyectos debieron concluirse en marzo de este año, no obstante la mayoría presenta problemas contractuales y de financiamiento.
Según el “Informe de situación de obras y hoja de ruta para la solución de problemas que se registran en proyectos de infraestructura y servicios”, del total, 258 obras corresponden al sector social; 245, a seguridad; 44 al sector productivo; 57 son proyectos de infraestructura y recursos no renovables, 17 están vinculadas a la política exterior y promoción del país; 15 corresponden al sector de hábitat y ambiente y 4 obras relacionadas con empresas públicas, la función judicial e Inmobiliar.
El 65% de estas construcciones, muchas físicamente finalizadas, mantienen problemas contractuales y legales, lo cual impide la operación y mantenimiento para garantizar la prestación del servicio; mientras que un 15% presenta contratos complementarios y pagos pendientes; el 5% están contratadas pero no se han ejecutado por reubicación del predio, por ejemplo.