Ecuador, con un 51,90 %, se encuentra en el primer puesto de América del Sur en cuanto a índices de confianza en la justicia.
Así lo establece el informe “La cultura política de la democracia en las Américas 2016/17”, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).
El estudio fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que evaluó en este tema a 10 países de Sur América como: Uruguay (35 %), Bolivia ( 31,90 %), Colombia (31 %), Perú (29,80 %), Argentina (27,60 %), Paraguay ( 25 %), Venezuela (23 %), Chile (20,70 %) y Brasil (10,10 %).
La encuesta fue realizada a población urbana y rural mayor de 18 años en 28 países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Se entrevistaron a 49 mil personas y en el caso ecuatoriano a 1512.
Este fue uno de los temas que analizó la Mesa de Justicia que se reunió, este 24 de octubre, en Guayaquil, con el objetivo de tratar aspectos relacionados con la gestión judicial y la seguridad.
El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, se refirió al informe de LAPOP y explicó que a las personas encuestadas en nuestro país se les preguntó: ¿Si usted fuera víctima de un delito confía que el sistema judicial va a condenar al culpable? Ecuador obtuvo 51.9 puntos, ubicándose en primer lugar y es el único país de América Latina que aumentó su calificación ya que en 2014 obtuvo 45,13 %.
Según el doctor Jalkh, este informe es compatible con la encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el 2016, sobre confianza en la justicia, donde obtuvo 51.6 %.
En esta misma línea, indicó que los estudios realizados por el CJ en el tema de satisfacción del usuario alcanzaron una puntuación de 70.8.
Al referirse al informe del Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial que sitúa al Ecuador en el puesto 135 de 137 naciones, el doctor Jalkh dijo que ahí apenas se entrevistó a 92 líderes empresariales.
En otro tema, las autoridades de la Mesa de Justicia también anunciaron que insistirán a la Asamblea Nacional, que analice las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en cuanto a los procedimientos Directo y Abreviado. “Hemos planteado que el procedimiento directo pueda convertirse en abreviado, si el acusado acepta su responsabilidad y repara el daño”, dijo el titular del CJ.
Asimismo, se considera que el procedimiento abreviado debe darse cuando el delito es sancionado con una pena máxima privativa de la libertad de hasta cinco años y no como es ahora para delitos sancionados con penas de hasta 10 años. El objetivo es establecer con claridad cuál es el beneficio de la rebaja de penas cuando una persona se acoge al procedimiento abreviado.
Las instituciones que integran la Mesa de Justicia, junto con la Gobernación del Guayas, realizarán una auditoría de gestión a los delitos flagrantes que terminaron en ratificación de inocencia. En Guayas en este año, el 67 % de delitos flagrantes terminó con sentencia condenatoria y el resto tuvo ratificación de inocencia.
La auditoría a la gestión de jueces y fiscales se realizará para saber qué pasó con los procesos que concluyeron con inocencias y de ser el caso tomar los correctivos necesarios.
Asimismo, el titular del CJ señaló que en Guayas existen 177 fiscales, pero se requieren al menos 90 más de manera urgente y por ello se realizará un concurso público de méritos para todo el país.
