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Este viernes se instala el Tribunal Penal que sustanciará la audiencia de juzgamiento en el presunto delito de asociación ilícita en el que están procesados el vicepresidente de la República, Jorge Glas, y otras 12 personas.
La diligencia se cumplirá desde las 08:45 cuando se instale el tribunal integrado por la jueza nacional Sylvia Sánchez y los conjueces Édgar Flores y Richard Villagómez, sobre quienes recayó la causa una vez que fue sorteado el proceso.
Eduardo Franco Loor, defensor del vicepresidente, ha pedido que se excusen de sustanciar el proceso los magistrados Sánchez y Flores porque no garantizan imparcialidad.
En el caso de Sánchez, el abogado sostiene que ella es esposa de un asesor del Fiscal General del Estado, Carlos Baca; mientras que en el caso de Flores ya emitió un dictamen en contra a un pedido de recusación del juez de primera instancia, Miguel Jurado.
No obstante la petición de Franco no ha sido admitida, por cual la diligencia se cumplirá desde este viernes y se puede prolongar por varias semanas.
A la audiencia han sido notificados Glas, así como Ricardo R., José T., Édgar A., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., Diego C. y Ramiro C. Para otros cuatro acusados, entre ellos el excontralor Carlos Pólit, quienes están prófugos, está suspendido el proceso debido a que el Código Integral Penal impide juzgar a una persona en ausencia.
Las autoridades de justicia ya iniciaron los trámites correspondientes con el Ejecutivo para iniciar los procesos de extradición de los cuatro sindicados.
El pasado 14 de noviembre el juez nacional Miguel Jurado llamó a juicio a los 13 procesados tras acoger el dictamen acusatorio del fiscal Baca, que se basó en elementos de convicción recogidos durante la etapa de indagación. La defensa del segundo mandatario ha reclamado falta de pruebas en contra de su defendido.
En dicha resolución, la Fiscalía, además, se abstuvo de acusar a cuatro exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos José Conceição Santos, uno de los autores confesos de la trama de corrupción. Esta decisión ha generado apoyo pero también cuestionamientos de entendidos en derecho.
La empresa brasileña es procesada en doce países por entregar sobornos para ser favorecida con obras de infraestructura. Una de las obras más grandes en las que trabaja la constructora es el metro de Quito, trabajos contratados por el Municipio de esta capital.
